CARACAS, Venezuela (AP) — Un violento motín que se registró en una cárcel del centro de Venezuela dejó 58 muertos, dijeron el domingo autoridades, en el primer conteo oficial más de dos días después del amotinamiento.
“Tenemos un lamentable saldo de personas que perdieron la vida, aquí dentro del recinto como después (fuera del recinto)… de 57 personas; a este saldo hay que sumarle el cuerpo de la persona que encontramos calcinada”, dijo la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela en una rueda de prensa. Añadió que otras 46 personas heridas seguían hospitalizadas.
El tumulto comenzó cuando un grupo de presos, algunos de ellos armados, se enfrentó contra miembros de la Guardia Nacional que pretendían realizar una requisa y tomar el control de las instalaciones.
“Hubo una resistencia ante lo que era inminente… una requisa” por parte de un grupo de reos “que dispararon a mansalva”, acotó.
Durante el enfrentamiento “dos pastores evangélicos perdieron la vida”, así como uno de los militares, destacó.
En un recorrido previo por el interior de la prisión efectuado por la ministra y otros funcionarios, acompañados por cámaras de televisión, se apreció una cárcel vacía en donde ovejas y perros deambulaban entre improvisadas casuchas -hechas de materiales de desechos como planchas de zinc, telas rasgadas, trozos de cercados de alambre y madera- en donde al parecer los reos dormían y cocinaban sus alimentos, virtualmente a cielo descubierto.
La prisión evidenciaba la ausencia de una infraestructura acorde a los estándares de una cárcel.
Varela dijo que la sobrepoblada prisión se había convertido en “un icono de la violencia”, y defendió las acciones de las autoridades en los enfrentamientos entre reclusos y las tropas de la Guardia Nacional. Afirmó que el gobierno está luchando contra las “mafias” que proporcionan armas a los presidiarios.
El número de muertos proporcionado por Varela difiere del que ofreció el día anterior el doctor Ruy Medina, director del Hospital Central de la ciudad de Barquisimeto, a unos 270 kilómetros al oeste de Caracas, quien había dicho que en la prisión se registraron 61 muertos y 120 heridos. Medina dijo que casi todas las heridas eran de disparos.
La alta funcionaria resaltó que la evacuación de la cárcel de Uribana se completó el domingo por la mañana. Los presos fueron llevados a otras prisiones a bordo de autobuses.
Los familiares de las víctimas realizaron funerales, mientras que otros ansiosamente esperaban saber a dónde trasladaron a los reos sobrevivientes.
“Todavía no sé dónde está mi hijo”, dijo en conversación telefónica con la AP Nayibe Méndez, una profesora pública jubilada de 58 años, madre de un joven de 22 años que está recluido en Uribana desde hace dos años y medio.
El motín de Uribana es uno de los más sangrientos que se haya registrado en el país, donde los reos suelen obtener armas y drogas con ayuda de guardias corruptos. Varios críticos han señalado que este caso representa una evidencia de que el gobierno no puede resolver una crisis en el sistema de penitenciarías nacionales.
Los nuevos hechos se presentan en un contexto de incertidumbre sobre el futuro del presidente Hugo Chávez, quien recibe atención en Cuba desde hace seis semanas debido a una cirugía por cáncer.
En el año 2011, luego de 12 años en el poder, Chávez creó el Ministerio de Asuntos Penitenciarios para centrarse en las cárceles y nombró a Varela para liderarlo. El presidente tomó esa decisión después de un mortífero motín en las cárceles de El Rodeo I y El Rodeo II fuera de Caracas.
Chávez en ese momento reconoció que las iniciativas anteriores de su gobierno para mejorar las cárceles no habían funcionado, y prometió cambios, incluyendo la construcción de nuevas cárceles y mejorar las condiciones penitenciarias. Desde entonces, Chávez ha aprobado fondos para reparar y renovar las prisiones.
Pero los opositores y activistas dicen que el gobierno no ha hecho progresos reales en las cárceles, donde cientos de personas siguen muriendo cada año.
En el caso de Uribana, el gobierno ha prometido una investigación cuidadosa sobre el motín.
En la cárcel de Sabaneta, de la ciudad occidental de Maracaibo, se registró en 1994 uno de los motines más violentos de la historia del país cuando se reportó más de un centenar de muertos. Dos años antes año fallecieron unos 60 presos en un motín ocurrido en una penitenciaría de Caracas.
Varela dijo el sábado que las autoridades decidieron evacuar a todos los presos de la cárcel de Uribana después de la matanza con el propósito de “cerrar este capítulo de violencia”.
Agregó que el gobierno decidió enviar a los efectivos para revisar la cárcel tras reportes de enfrentamientos entre grupos de reos rivales durante los dos días anteriores.
La cárcel de Uribana tiene capacidad para 850 reclusos, pero su población, de acuerdo a “un parte para el día 25 de enero (era) de 2.459 personas aproximadamente”, reconoció el domingo Varela.
Algunos críticos consideran que hay formas para que las autoridades prevengan tragedias semejantes.
“Nadie duda que las requisas son procedimientos necesarios para garantizar condiciones de reclusión acordes a los estándares internacionales, pero éstas no se pueden hacer con una actitud bélica, como la han hecho. Queda claro que la requisa no estuvo debidamente coordinada ni aplicada. Aquí se evidencia un uso desproporcionado de la fuerza”, dijo a la AP Humberto Prado, director de Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), una organización no gubernamental.
El líder opositor Henrique Capriles catalogó la respuesta de los funcionarios gubernamentales como “increíble” e inadecuada.
Sin mencionar al vicepresidente Nicolás Maduro por su nombre, Capriles criticó a los funcionarios del gobierno que ordenaron una investigación y luego viajaron a la Cumbre de Chile este fin de semana.
Señaló que la presidenta brasileña Dilma Rousseff reaccionó de manera diferente después de un incendio en una discoteca donde fallecieron más de 230 personas, ya que ella interrumpió su viaje y volvió a su país para visitar a los heridos.
“Aquí matan en una cárcel … y aquí se van a una cumbre, lo despechan como que fuera un asunto más, un problemita más”, dijo Capriles en un acto televisado.
“Si tenemos un Estado que no es capaz de ofrecer seguridad dentro de un recinto penitenciario, ¿qué puede quedar para el ciudadano común?”, cuestionó.
“El problema que hoy estamos viendo, no se resuelve cerrando una cárcel”, agregó Capriles. “Se resuelve resolviendo el problema del hacinamiento, haciendo de la cárcel un centro de rehabilitación, de formación”.
